De Salil Shetty, Secretary General of Amnesty International

Mientras las bombas estallaban en torno a su casa en el sitiado vecindario de Taiz, en Yemen, los hermanos Yahia y Maher, que entonces contaban 16 y 18 años, se refugiaron bajo la escalera. Allí permanecieron tres días, cada vez con menos alimentos y agua, hasta que el cuarto día al amanecer intentaron escapar sorteando los disparos. “Según corrían, las balas impactaban cerca de sus pies”, dice su madre Fatima, titular de una tarjeta de residencia estadounidense. “Afortunadamente no resultaron heridos”.

La mayor esperanza de Fatima es que sus hijos puedan reunirse con ella en Nueva York, la ciudad en la que vive. En noviembre de 2016, casi dos años después de solicitar un visado para entrar en Estados Unidos, los hermanos —que ya habían cumplido 18 y 20 años, respectivamente— mantuvieron una entrevista en la embajada de EE. UU. en Yibuti, donde se encuentran varados en la actualidad. La entrevista salió bien, y tenían la esperanza de que su larga espera para reunirse con su familia terminaría pronto.

Pero la prohibición de viaje de Donald Trump lo ha cambiado todo.

El lunes, más de tres semanas después de que los tribunales estadounidenses bloquearan la versión anterior, la Casa Blanca emitió una nueva orden ejecutiva. De un plumazo, el presidente prohibió que yemeníes como Yahia y Maher entraran a Estados Unidos. Además, cerró la puerta del país a cualquier persona procedente de Siria, Irán, Libia, Somalia y Sudán. Estos seis países tienen dos cosas principales en común: son predominantemente musulmanes y muchos de sus ciudadanos y ciudadanas intentan conseguir asilo en el extranjero para escapar de graves violaciones de derechos humanos, como la persecución, los bombardeos indiscriminados y la tortura.

Al reducir ligeramente el ámbito de aplicación de la nueva orden ejecutiva, el gobierno de Trump quizá haya solucionado alguna de las inconstitucionalidades de la anterior, pero mantiene su carácter claramente discriminatorio. Mal disfrazada de medida de seguridad nacional, la prohibición reincorpora muchos de los repugnantes elementos de la original.

Ya durante la campaña electoral, en 2015, el presidente Trump sugirió públicamente que se prohibiera a todas las personas musulmanas viajar a Estados Unidos. Frente a la ruidosa reacción –y tal vez aconsejado por sus abogados– redujo el alcance de su primera propuesta de prohibición y la reformuló: en vez de ir dirigida contra las personas musulmanas en general, iba dirigida contra determinados países. Era un cambio muy calculado. Como el propio Trump explicó en la NBC en julio de 2016: “A la gente le molestó mucho que utilizara la palabra musulmán”, afirmó. “Es que no se puede usar la palabra musulmán. Hay que tenerlo en cuenta”. Y concluyó: “Pero no me importa, porque ahora en lugar de hablar de musulmanes hablo de territorios.”

Sus intentos de disfrazar la intención xenófoba que hay tras la prohibición no engañaron a jueces federales y de apelación, que no encontraron convincentes como justificación sus motivos de seguridad nacional.

De hecho, la idea de que las personas refugiadas suponen mayor peligro que otras en lo que se refiere a cometer actos de terrorismo es falsa. Una persona refugiada no es alguien que comete actos de terrorismo, sino alguien que huye de gente que los comete.

Hasta hace poco, Estados Unidos reconocía claramente este hecho. El programa de Estados Unidos para la recepción de refugiados, creado en 1980, ha supervisado el reasentamiento con éxito de más de tres millones de personas refugiadas, y ha sido una luz de esperanza para algunas de las personas más vulnerables del mundo.

Debilitando esta luz, la orden ejecutiva hace el juego a quienes dicen que el gobierno estadounidense está en guerra con el islam. Este mes hubo informes según los cuales miembros del grupo armado que se autodenomina Estado Islámico se referían a la anterior orden ejecutiva como “la bendita prohibición”, porque les iba a permitir impulsar el sentimiento antiestadounidense.

La intención del gobierno Trump es crear una política que resista el control judicial. En lugar de reducir los excesos de la primera prohibición de viaje, la versión revisada muestra una política xenófoba hacia las personas musulmanas que, como si de un virus se tratara, muta hacia una variedad más resistente. Y como los de un virus, sus efectos no son fáciles de controlar.

Para Yahia y Maher, que no tienen amigos ni trabajo en tierra extraña, la vida es dura. “Mis hijos se sienten totalmente desamparados y solos”, dice Fatima, que tampoco se siente ya segura en Estados Unidos. “Estas decisiones del presidente Trump nos han sumido en un estado de temor constante”. “Nos sentimos como sospechosos, aunque jamás hemos hecho nada malo en nuestra vida”.

De nosotros depende desafiar todo lo que esta prohibición representa. En todo el mundo la gente está expresando su oposición a la prohibición de viaje, y en Estados Unidos Amnistía Internacional celebra mañana un día nacional de acción. En todo el país, estadounidenses de todas las creencias y de todos los orígenes se unirán para exigir que el Congreso rechace esta prohibición y devuelva la esperanza a personas refugiadas como Yahia y Maher, que buscan un respiro y un lugar donde estar a salvo de la guerra.

Todos los nombres son ficticios.

Este artículo fue publicado originalmente por la CNN; puedes consultarlo aquí.