Con la atención del mundo centrada en gran medida en Gaza, las fuerzas israelíes han intensificado el uso de la fuerza letal con redadas en campos de refugiados y ataques contra multitudes en manifestaciones.

ACNUR, la Agencia de la ONU para los Refugiados y Amnistía Internacional han presentado hoy los resultados de un diagnóstico sobre la representación de las mujeres refugiadas y migrantes en los medios de comunicación y redes sociales de Perú durante el periodo 2021-2022.

En el marco del Dia Mundial de los Refugiados. Día: Lunes 20 y martes 21 de junio Hora: 12 a 1 p.m. Lugar: Facebook del LUM y Amnistía Internacional Perú Diálogo con: Enrique Leon – Coordinador del LUM José Pablo Baraybar, Coordinador Forense de Euroasia del CICR Marina Navarro – Directora Ejecutiva de AI Jose Siancas  (G1AIP) - Moderador. 

En los últimos años más de 5,4 millones de personas ha huido de Venezuela, producto de la grave crisis política, socioeconómica y de derechos humanos que atraviesa ese país. Más de un millón de estas personas llegó a Perú, y casi la mitad solicitó la condición de refugiado, convirtiendo a este país en el segundo destino de refugiados y migrantes venezolanos. 

La crisis de la COVID-19 en Estados Unidos ha golpeado duramente los centros de detención de inmigración de Estados Unidos, algo que podría y debería haberse evitado. El 7 de abril de 2020, Amnistía Internacional publicó el informe titulado “Estamos a la deriva, a punto de naufragar”: El inminente desastre de la COVID-19 en los centros de detención de inmigración de Estados Unidos En el informe se documentaba el rotundo fracaso de los centros de detención de inmigración de Estados Unidos respecto al suministro adecuado de jabón y desinfectante, el mantenimiento de la distancia social y la interrupción de transferencias y deportaciones innecesarias para evitar entradas y salidas en estas peligrosas instalaciones. Este documento es una actualización de la forma en que las autoridades de los Estados Unidos han difundido intencionadamente COVID-19 poniendo en peligro temerariamente a miles de migrantes y refugiados en los centros de detención de inmigrantes y violando las normas de salud pública al trasladarlos y deportarlos durante la pandemia.

En respuesta a la inadecuada protección prestada por Perú a los derechos humanos de las personas refugiadas procedentes de Venezuela, y dada la urgencia que impone la pandemia de COVID-19, que ha afectado a Perú de forma especialmente fuerte, las autoridades peruanas deben regularizar la situación migratoria de la totalidad de mujeres, hombres, niñas y niños de Venezuela que se encuentran en el país. Así lo ha manifestado Amnistía Internacional en vísperas del Día Mundial de los Refugiados. Perú tiene la mayor población de solicitantes de la condición de refugiado de Venezuela del mundo, con más de 482.000, y acoge a 830.000 personas venezolanas en total, según datos oficiales.

Amnistía Internacional expresa su preocupación por el cierre imprevisto de la sede de la Comisión Especial para los Refugiados (CEPR) en Lima, oficina que no funciona desde el día de ayer, 12 de febrero, por motivos de fuerza mayor, según ha informado dicha institución.

Por Laith Abu Zeyad, responsable de campañas de Amnistía Internacional sobre Israel y Palestina El 20 de junio, Día Mundial del Refugiado, el director ejecutivo de TripAdvisor Stephen Kaufer publicó un artículo de opinión en el que instaba a las empresas a ayudar para abordar la crisis mundial de refugiados y se comprometía a donar millones de dólares a organizaciones humanitarias “para apoyar y ayudar a las personas refugiadas a rehacer su vida y recuperar su futuro”. Esta sería, por supuesto, una iniciativa encomiable, de no ser porque es contraria al espíritu de otras prácticas de la empresa. Aunque TripAdvisor ha decidido ayudar a las personas refugiadas en ciertos lugares del mundo, en otros —en concreto los Territorios Palestinos Ocupados— está contribuyendo al sufrimiento de la población local, que es fuente de una de las mayores comunidades mundiales de personas refugiadas. Durante las siete últimas décadas, las implacables políticas israelíes de confiscación de tierras, asentamiento ilegal y desposesión, sumadas a la discriminación generalizada, han infligido una miseria inmensa a la población palestina y la han despojado de sus derechos fundamentales. TripAdvisor también ha contribuido a este abuso continuo.

Amnistía Internacional muestra su preocupación frente al impacto en materia de derechos humanos de las personas venezolanas que tendrán las recientes medidas migratorias adoptadas por las autoridades peruanas que restringen el ingreso al Perú únicamente a quienes posean un pasaporte. La organización ha documentado la grave crisis de derechos humanos que se vive actualmente en Venezuela y las dificultades que enfrentan las personas para obtener alimentación, atención en salud y documentación de viaje. La implementación de las recientes medidas migratorias podría incrementar el riesgo e inseguridad de quienes buscan obtener protección internacional, e incrementan su vulnerabilidad frente a la discriminación, las amenazas a su vida e integridad personal, la violencia sexual y de género, los abusos y explotación, la trata de personas, el tráfico de migrantes y refugiados, entre otros.

Amnistía Internacional en colaboración con ACNUR, la Agencia de la ONU para los refugiados, Encuentros-SJS, invita a Diálogo – Teatro sobre personas refugiadas en Perú, en el Lugar de la Memoria El día 20 de junio el mundo conmemora el valor, coraje y la perseverancia de millones de personas refugiadas. Este año, Amnistía Internacional en colaboración con ACNUR, la Agencia de la ONU para los refugiados, Encuentros-SJS, y el Lugar de la Memoria, invita al foro “Retos del Perú a favor de los derechos de las personas refugiadas" y la presentación de la obra de teatro “Un chico de Bosnia”. En el mundo hay más de 60 millones de personas que se han visto forzadas a abandonar sus familias y hogares para salvar sus vidas, a causa de la persecución, los conflictos, la violencia o las violaciones de derechos humanos. Perú alberga más de 60.000 personas refugiadas y solicitantes con nacionalidades de 30 diferentes países de América Latina, África, Asia, Europa del Este y Medio Oriente. En 2018, ante el complejo contexto económico y sociopolítico en Venezuela, miles de venezolanos y venezolanas están solicitando la condición de refugiado en el Perú con la esperanza de reconstruir sus vidas. El foro comienza a las 5:30 y en él participan Bertrand Blanc, Jefe de la Oficina Nacional Perú del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados; Embajador Patricio Rubio, Subdirector de Asuntos de Derecho Internacional de la Dirección de Derechos Humanos del Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú (Cancillería), Gabriela Neira Hidalgo, Directora de Asuntos Internacionales, Promoción y Adecuación Normativa del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, Alejandro Samaniego Salcedo, Director Ejecutivo de Encuentros, Servicio Jesuita de la Solidaridad; y Francesco Tucci, Analista Internacional y profesor de la PUCP, quien nos dará un enfoque global e integral de los refugiados de tal forma que el público asistente entienda mejor la magnitud de la realidad y sienta mayor empatía con las personas refugiadas. Presenta Irene Abugattas, integrante del Grupo 1 de Amnistía Internacional Perú, y modera Marina Navarro, Directora Ejecutiva de esta organización. ‘Un Chico de Bosnia’ del dramaturgo holandés Ad de Bont, bajo la dirección de Felien de Smedt, trata un tema humano y actual, y su historia busca visibilizar la realidad de millones de personas en el mundo. La obra tendrá lugar a las 8:00 p.m. El foro será un espacio para dialogar sobre oportunidades para la integración local de personas con necesidades de protección internacional en Perú. El evento es de libre ingreso.

En las protestas que comenzaron ayer en la Franja de Gaza han muerto 17 manifestantes palestinos y han resultado heridos centenares más, ante lo cual Amnistía Internacional pide a las autoridades israelíes que pongan fin de inmediato a su dura represión, a menudo letal, de las manifestaciones palestinas. La organización también pide que se inicien de inmediato investigaciones independientes y efectivas sobre las denuncias de que los soldados israelíes han utilizado ilegalmente armas de fuego contra manifestantes desarmados. Israel debe respetar el derecho a la vida y a manifestarse pacíficamente ante los temores de que continúe la represión contra las personas que se manifiestan exigiendo el derecho al retorno de los refugiados y refugiadas palestinos.

Carolina Jiménez es la directora adjunta de Investigación para las Américas de Amnistía Internacional. Alicia Moncada es la responsable del proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Amnistía Internacional.   SAN JOSÉ DE LA COSTA, Venezuela — La última vez que Génesis Vasquez oyó la voz de su esposo, éste estaba a punto de subir al pequeño bote de madera que iba a llevarlo desde Venezuela a la vecina isla de Curaçao. Incapaz de encontrar un trabajo fijo en Venezuela y con problemas para mantener a su familia, Jóvito Gutiérrez Yance confiaba en encontrar nuevas oportunidades fuera del país.   “Reza por mí y enciende una vela”, le dijo a Génesis antes de despedirse de ella y sumarse a los 30 pasajeros que abarrotaban la frágil embarcación. Salieron del puerto de San José de la Costa poco antes del amanecer.   El barco nunca llegó a Curaçao. Volcó cerca de la costa suroriental de la isla el 10 de enero. Las operaciones de búsqueda y salvamento dirigidas sobre todo por las autoridades de Curaçao se vieron dificultadas porque, unos días antes, el gobierno venezolano había ordenado el cierre temporal del tráfico aéreo y marítimo con Curaçao y dos islas vecinas. Los equipos de salvamento recuperaron sólo cinco cuerpos. El resto de los pasajeros, incluido Jóvito, sigue en paradero desconocido.   “Fue por nosotros, por nuestros sueños”, dice Génesis un día de calor sofocante en su casa del noroeste de Venezuela. La pareja no podía permitirse tener los hijos que deseaban, explica. Lo único que puede hacer ahora Génesis es esperar noticias, sus sueños de una familia hechos añicos.   Venezuela está en medio de una crisis de derechos humanos que está obligando a las personas a hacer el desesperado y peligroso viaje de 60 millas a la isla caribeña neerlandesa de Curaçao en busca de seguridad y subsistencia. Muchas huyen de la persecución política tras la represión del gobierno a la disidencia que ha causado la muerte de al menos 120 manifestantes.   Algunas se marchan porque ya no pueden alimentar a su familia debido a la hiperinflación y la escasez crónica de comida. Otras han partido en busca de un sistema de salud que funcione y de medicamentos que ya no pueden encontrar en Venezuela. El naufragio de enero fue un indicio de hasta qué punto es desesperada la situación. La esposa de Jóvito está atrapada ahora en un tortuoso limbo, sin noticias de su esposo. Los padres de Jeanaury Jiménez, de 18 años, cuyo cuerpo fue recuperado tras el hundimiento del barco, alternan la pena con la preocupación por el futuro.   Jeanaury ya había sido expulsada una vez de Curaçao y había prometido a sus padres que nunca repetiría el peligroso trayecto. Pero cuando sus hermanas gemelas nacieron prematuras, la familia pasó apuros para alimentarlas y Jeanaury decidió volver a Curaçao con la esperanza de encontrar trabajo.   Unos días después de que se encontrase el cuerpo de Jeanaury, su madre pasea por la casa familiar, en la localidad costera de La Vela de Coro, con las bebés gemelas en brazos. No encuentra leche ni leche maternizada para ellas. Su padre mira fijamente al suelo mientras explica que su salario como chofer de camión ya no es suficiente para cubrir las necesidades de la familia. Hay fotos de Jeanaury en las paredes de la sala.   Mientras familias como la de Jeanaury se preguntan de dónde vendrá su próxima comida, las vías de salida de Venezuela son cada vez más inaccesibles. El precio de un vuelo o incluso el viaje por tierra es demasiado caro para la mayoría de la gente, y el cierre intermitente de las fronteras ha propiciado la aparición de peligrosas rutas clandestinas controladas por pasadores. Mujeres, niños y niñas, adolescentes y comunidades indígenas son especialmente vulnerables a los problemas relacionados con la salud y la seguridad.   Muchos países vecinos carecen de un sistema de asilo para ayudar a las personas venezolanas cuando llegan, y en los últimos años, varios han endurecido los controles migratorios destinados a esta población. En 2016, la gobernadora de Curaçao, Lucille George-Wout, pronunció un discurso incendiario en el que afirmó que “casi todas las personas que llegan proceden exclusivamente de las áreas de la delincuencia, los empleos ilegales y la prostitución”.   La gente sigue marchándose, dispuesta a arriesgarse a sufrir discriminación y a hacer el peligroso trayecto para intentar tener una existencia más segura. Según la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, desde 2014, al menos 145.000 personas procedentes de Venezuela han pedido asilo en otros países. Otras 444.000 han solicitado acogerse a otros programas fuera del sistema de asilo que les permitan vivir y trabajar en otro país durante un periodo prolongado.   La familia Razz, de La Vela de Coro, en la costa noroccidental de Venezuela, sabe mejor que la mayoría lo peligroso que puede ser el viaje para salir del país. Normelys, de 34 años, perdió a su esposo Danny en el hundimiento fatal del 10 de enero. Su hermana menor Nereida sigue esperando noticias de su esposo, Oliver, en paradero desconocido. Ambos hombres viajaban a Curaçao en busca de trabajo, y la doble tragedia ha dejado a la familia en circunstancias aún más precarias. Normelys recuerda la última llamada de teléfono de su esposo Danny antes de que zarpara. “Me dijo: ‘Dile a mis hijas que las quiero; estaré bien adonde vaya. No estés triste’”, dijo. “Tenía la voz de quien se está despidiendo”. Es habitual que quienes consiguen llegar a Curaçao sean detenidos y expulsados y que intenten una y otra vez llegar de nuevo allí. Danny ya había estado dos veces en Curaçao e incluso había ahorrado dinero suficiente para abrir un negocio de mototaxi en Venezuela, pero los problemas económicos continuos lo llevaron a huir de nuevo a la isla. Una tercera hermana Razz, Neyra, vivió dos meses en la isla sin documentos en 2017. De vez en cuando limpiaba casas por dinero, pero las batidas policiales eran una preocupación constante. Al final la detuvieron, la tuvieron recluida dos semanas y la enviaron de regreso a Venezuela.   Como muchas personas, Neyra había ido a Curaçao con la esperanza de comprar productos básicos como comida y medicamentos que ya no hay en Venezuela. Enseguida descubrió que las cosas no eran tan fáciles para quienes no tenían documentos de viaje válidos.   “Mi vida allí fue horrible”, dijo. “Quería traer medicinas, comida, pero no te dejan comprar medicinas ni siquiera con un historial médico. Me sentí totalmente impotente”.   Venezuela ignora los llamamientos internacionales para que aborde las causas de la crisis de derechos humanos que está obligando a la gente a marcharse y se ha negado a aceptar la cooperación internacional para garantizar el acceso a alimentos y medicinas. Por el contrario, el gobierno redobla sus medidas represivas, haciendo insoportable la vida para quienes se quedan.   El Estado venezolano tiene la obligación de respetar, proteger y cumplir los derechos humanos de toda la ciudadanía venezolana, y la comunidad internacional debe proporcionar a Venezuela ayuda para ello.   Los países vecinos comparten la responsabilidad de encontrar soluciones regionales. De hecho, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha pedido a los Estados que implementen mecanismos para la protección y el trato humano de las personas migrantes y refugiadas. Perú, Brasil y Colombia han dado algunos pasos en este sentido, pero hacen falta muchas más medidas para prevenir nuevas tragedias. Dos meses después del naufragio, las familias de quienes siguen en paradero desconocido piden a las autoridades de Venezuela y Curaçao que continúen buscándolos y que hagan pruebas de ADN a los cuerpos que quedan por identificar. Dicen que sus ruegos han sido respondidos con el silencio. “Venezuela no está bien”, dice Nereida Razz. No ha sabido nada aún de su esposo. Pero afligida y todo, Nereida entiende por qué Oliver tuvo que marcharse. “Se fue en busca de algo mejor, porque vivir así te parte el corazón”.

La política israelí de expulsar a solicitantes de asilo africanos a dos países africanos sin especificar supone renunciar a sus obligaciones para con las personas refugiadas y es un ejemplo de las despiadadas medidas políticas que fomentan la “crisis global de refugiados”; así lo ha afirmado hoy Amnistía Internacional, mientras el Tribunal Supremo de Israel examina nuevas pruebas sobre la legalidad de esta política.

Hace poco estuve varios días hablando con mujeres en campos de refugiados de Lesbos y Samos, dos de las islas griegas donde miles de personas refugiadas permanecen atrapadas como consecuencia de una decisión adoptada por los gobiernos de la UE hace dos años.

  Ha pasado un año desde que se frustró el plan del gobierno keniano de cerrar el campo de refugiados de Dadaab. El Tribunal Superior declaró inconstitucional la decisión y ordenó al gobierno que continuara dando asilo a las personas refugiadas. Pero, si alguien creyó que la histórica sentencia anunciaba el fin de años de sufrimiento para los refugiados somalíes, a estas alturas ya debe sentir una amarga decepción.  

En un momento en que el mundo entero se enfrenta a la mayor crisis de refugiados desde la segunda Guerra Mundial, el gobierno estadounidense no debe emprender acciones que puedan animar a otros países a instituir prohibiciones de entrada aún más radicales que se añaden a procesos de investigación ya difíciles y que cerrarán más puertas a personas desesperadas en busca de seguridad.