Mientras millones huyen de las violaciones masivas de derechos humanos en Venezuela, los Estados de las Américas tienen la obligación de brindar seguridad y protección. El anuncio del gobierno peruano sobre la creación de una unidad de seguridad pública para enfrentar específicamente a las personas venezolanas en Perú es una medida discriminatoria que contraviene las obligaciones del Estado en virtud del derecho internacional de los derechos humanos. En lugar de demonizar a las personas que necesitan protección, las autoridades peruanas deben garantizar sus derechos al debido proceso y a buscar protección internacional.

Palabras clave